Había una vez una muchacha muy bonita que, para no ser asesinada, buscó refugio en la casa de siete enanitos que le prometieron seguridad y protección a cambio de “cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo todo limpio y ordenado”. Su nombre era Blancanieves. En un reino no muy lejano a ese, había también otra joven muy bella y huérfana cuya madrastra fea y mala le encomendaba las tareas más duras de la casa como “limpiar la chimenea cada día”. Su nombre, por eso, era Cenicienta. A todos nos resultan conocidos estos relatos porque forman parte de la tradición oral de Occidente. Ambos están incluidos en el primer volumen de Cuentos de la infancia y el hogar, una recopilación realizada por los hermanos Grimm y publicada entre los siglos XVIII y XIX. Más allá de los finales felices por la aparición del príncipe azul (perdón el spoiler), la clave de estos cuentos está en la concepción del hogar y las tareas domésticas siempre como territorio femenino y en que, ya sea como salvación o como penalidad, estas labores nunca son representadas como trabajo. Se pueden imaginar entonces por qué, al preguntarle a cualquier persona en qué trabajaba su abuela, la respuesta suele ser: “No trabajaba, se quedaba en la casa”.
Esta imposibilidad de mirar al espacio doméstico como una verdadera fábrica de quehaceres laborales se traslada a la manera en la que miramos toda la economía. ¿Es posible reponer una perspectiva que tenga en cuenta aquellos aspectos invisibilizados a fuerza de haber naturalizado las relaciones desiguales de género en el sistema económico? La respuesta es sí, hay una manera de hacer visibles estas relaciones, y es uno de los aportes más importantes de la economía feminista. El primer paso es considerar a las tareas domésticas y de cuidado como trabajo.
Otra pregunta que podemos hacernos para reponer esta mirada feminista sobre la economía es de qué manera miramos la coyuntura. ¿Cómo analizamos desde los feminismos las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández que, apremiado por la crisis, debe responder con urgencia a las necesidades de las personas más vulneradas por el modelo económico de Cambiemos? Inicialmente podríamos pensar en dos alternativas: por un lado evaluando si las decisiones tomadas tuvieron en cuenta una perspectiva de género en el diseño de esas políticas y, por otro, aplicándoles un filtro ex post para pensar el impacto, aun cuando no hayan sido concebidas por feministas.

Beneficios directos e indirectos

La apuesta más fuerte en términos económicos del actual gobierno está condensada en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esta norma, que contiene 88 artículos, declara la “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” en el país. La lógica económica con la que fue diseñada implica aumentar la recaudación a través de la suba o creación de impuestos (alza de hasta tres puntos porcentuales en las retenciones, imposición del 30% al dólar, aumento en bienes personales, entre otros) para redistribuir entre los sectores más castigados a través de congelamiento tarifario, reintegros tributarios a sectores vulnerados, moratorias para empresas, entrega de medicamentos esenciales a través del programa Remediar, entre otras medidas. Además, avanza en la suspensión de la fórmula automática de aumento de las jubilaciones y asignaciones durante 180 días, plazo en el que debe rediscutirse cómo se calculará el incremento futuro. Durante ese tiempo, el Poder Ejecutivo debe fijar aumentos trimestrales “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de ingresos más bajos”.
En la conferencia de prensa de presentación de la ley, el ministro de Economía Martín Guzmán expuso cuatro bloques centrales: jubilaciones, tributos, tarifas y deuda. De feminismo o género no dijo una sola palabra. Sin embargo, si se aplica un filtro violeta sobre los anuncios es posible identificar algunas medidas positivas con impacto directo y otras con incidencia indirecta sobre las mujeres.
El artículo 18 de la Ley de Solidaridad Social habilita a la AFIP a realizar “reintegros por consumos” a “sectores vulnerados”. Desde el organismo detallaron que serán 700 pesos mensuales por compras que se realicen con las tarjetas de débito en las que se cobra la Asignación Universal por Hijx o la jubilación (únicamente para quienes cobren la mínima). El tope máximo es 1.400 pesos por hogar (sin importar si tiene más de dos AUH) porque, según estimaciones de AFIP, es el monto que gasta mensualmente en IVA un hogar vulnerable. El beneficio regirá desde el primero de febrero pero se cobrará recién en marzo. También estará vigente para los consumos de las tarjetas del plan AlimentAR.
¿Por qué estos reintegros tienen una mayor incidencia positiva en mujeres que en varones? Según los últimos datos disponibles en las estadísticas de la seguridad social, de las casi 7 millones de personas que cobran jubilaciones y pensiones en Argentina, el 67% son mujeres. El 77% de las jubiladas accedieron al beneficio a través de la moratoria previsional impulsada a partir de 2007. Se estima que todas esas jubiladas cobran un monto equivalente o menor a una jubilación mínima. Por este motivo, un reintegro en sus tarjetas de débito significa un monto de dinero que ingresa de manera directa en sus bolsillos. El mismo análisis se puede aplicar con quienes perciben la Asignación Universal por Hijx. De los 2,2 millones de titulares de la AUH, el 96,5% son mujeres, de las cuales el 77% tienen entre 20 y 40 años.
Otra transferencia monetaria directa, aunque no forma parte de la Ley de Solidaridad, es el plan Argentina contra el Hambre. Todos los meses, a través de una tarjeta especial del programa, se acredita un monto de 4.000 pesos a titulares de la AUH que tengan niñxs de hasta 6 años (o hasta $6.000 si tienen más de dos hijxs), embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (alrededor de 76.000 según el último dato disponible) y personas con discapacidad. Como casi la totalidad de las titulares de estos beneficios son mujeres, el impacto también es directo.
Pero no todas las políticas con impacto positivo implican meter dinero en las billeteras. Hay algunas que permiten fuertes ahorros para los hogares o las personas, lo que significa una vía alternativa para mejorar su situación económica. Los subsidios son un claro ejemplo. La Ley de Solidaridad Social también contempla medidas indirectas. Si consideramos que la mayoría de las personas jubiladas son mujeres, y que gran parte de ellas cobran una jubilación mínima, entendemos por qué la baja del 8% en el precio de los medicamentos, la provisión de los medicamentos esenciales a través del Plan Remediar y el congelamiento tarifario impactan de manera diferenciada si miramos con perspectiva de género esas políticas.
Estas medidas, sin embargo, pueden parecer insuficientes si se tiene en cuenta en qué situación están los y las beneficiarias de estas prestaciones sociales después de cuatro años de una gestión económica regresiva para el país. Con la única excepción de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri las jubilaciones, pensiones y asignaciones cerraron todos los años con aumentos por debajo de la inflación y acumularon una caída de alrededor de 19% del poder adquisitivo.
Frente a esta realidad, la estrategia entre 2016 y 2019 fue complementar los aumentos de la movilidad con el otorgamiento de bonos de suma fija para intentar compensar la carrera perdida contra la inflación. Como regla general, las sumas fijas tienen un mayor impacto en las personas que tienen los ingresos más bajos, porque ese monto extra representa un porcentaje mayor de su ingreso que para uno de los más altos. Si bien en tres de los cuatro años el monto de los bonos fue el mismo para todxs, en 2018 Anses otorgó una compensación con una condición que vulneró la situación de las jubiladas y pensionadas: fijó un monto de $750 para quienes tuvieran completos los años de aportes y de $375 para quienes hubiesen accedido a través de moratorias previsionales. Las cifras lo dicen: la inmensa mayoría de las mujeres accedió a los beneficios jubilatorios a través de moratorias y por lo tanto cobraron el monto más bajo.
Con el cambio de Gobierno, las sumas fijas también fueron la manera de robustecer los ingresos de jubiladxs y pensionadxs. La decisión que tomó Alberto Fernández fue otorgar dos bonos: uno de $5.000 en diciembre y otro de $5.000 en enero de 2020 para aquellas personas que cobran la mínima, sin importar la modalidad a través de la cual accedieron a las jubilaciones. Como la mayoría de las prestaciones básicas son cobradas por mujeres, desde una perspectiva de género el impacto fue positivo. Lo mismo sucede con el bono de $2.000 para las titulares de la AUH, percibido en un 96,5% de los casos por las madres de lxs niñxs.
La gran incógnita es de qué manera se ajustarán las prestaciones sociales en el futuro. En lo inmediato, y según declaraciones de distintos funcionarios del Ejecutivo, en marzo se otorgará un nuevo incremento a través de una suma fija que buscará beneficiar a los sectores que cobran las prestaciones básicas. En esta línea, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que lo que buscan es un achatamiento de la pirámide a través de un fortalecimiento de los ingresos de la base.

Lxs excluidxs

Hay, sin embargo, una parte de los anuncios que es negativa. Entre las medidas implementadas hasta ahora, hay dos grupos que no recibirán los beneficios, con el agravante de que padecen históricamente vulneraciones y exclusiones del sistema. Se trata de las trabajadoras domésticas y las personas trans.
En el caso del servicio doméstico, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec revelan que el 97,6% de lxs trabajadorxs son mujeres. Es la rama de la economía más feminizada, lo que se explica por el rol histórico que las mujeres han tenido en la sociedad como cuidadoras o encargadas de las tareas del hogar. Como si no fuera lo suficientemente mala esta condena biologicista a un sector particular de la economía, las condiciones laborales de estas trabajadoras son trágicas: el 76% no está registrada (es decir que sus empleadorxs cometen fraude laboral), el 70% no tiene días por enfermedad ni vacaciones pagas y el 75% no cuenta con cobertura de salud. Además, el salario vigente fijado para la categoría testigo del convenio (“Personal para tareas generales”) es de $16.515 mensuales por jornadas de hasta 48 horas semanales, mientras que el salario mínimo para este mismo período es de $16.875 mensuales, es decir que ni siquiera tienen garantizado un ingreso mínimo como el resto de lxs trabajadorxs de la economía.
Entre los bonos anunciados para trabajadorxs estatales y privadxs, no hubo ningún anuncio de recomposición salarial para el servicio doméstico. La magnitud de esta exclusión quizá pueda dimensionarse con otro dato: una de cada cinco trabajadoras argentinas se desempeña en este sector. Es el que más mujeres emplea en el país, por lo que el 17% de las trabajadoras no recibirá recomposición, ni monto extra, ni bono, ni beneficios. Solo les llegará un alivio si son titulares de la Asignación Universal.
El caso de las personas trans es aun peor porque no existen estadísticas oficiales desagregadas por género que permitan conocer su situación. Según relevamientos de organizaciones que siguen la temática, sabemos que la expectativa de vida de las mujeres trans ronda los 35 años y que en los últimos tiempos ese número fue empeorando. Como dice la activista travesti Lara Bertolini, en Argentina se produce un verdadero “identicidio”.
Un camino posible para desarmar esta exclusión sería poner en agenda la necesidad de sancionar en el Congreso Nacional una ley de cupo laboral trans y que el Ejecutivo la reglamente e implemente de manera inmediata.
Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad nacional, sostiene que “para pensar en la incorporación de identidades trans y no binarias al sistema económico primero tenemos que poder pensar en la situación de exclusión y vulneración de derechos estructural que atraviesan estas poblaciones, en muchos casos desde su niñez o adolescencia. Es central el rol del Estado para revertir estas lógicas”, asegura la ministra.
La luz al final del túnel es que esta manera de mirar la economía ahora tiene un espacio institucional en la gestión. Por primera vez en la historia, el Ministerio de Economía de la Nación tendrá una Dirección de Economía y Género. El área estará encabezada por Mercedes D´Alessandro, una de las fundadoras de Economía Femini(s)ta, autora de un libro sobre economía feminista y reconocida por su militancia. Será ella quien deberá decidir cómo avanzar y de qué manera se continúa con los pasos dados durante la gestión anterior, sobre todo con el Presupuesto, que en 2018 y 2019 permitió cuantificar la inversión del Estado en programas que trabajan en la reducción de las brechas de género. Esto nos permite saber, en base a datos de ASAP (1), que en su último año Macri ejecutó solo el 79% del presupuesto con perspectiva de género.

Otro aspecto positivo es la intención de la gestión de crear un Sistema Nacional de Cuidados. Gómez Alcorta asegura: “Diseñar e implementar un sistema de cuidados permitiría reactivar un sector productivo que actualmente no es considerado como tal y, por lo tanto, no se contabiliza en las cuentas nacionales. Además, pensar en un Sistema Nacional de Cuidados como horizonte implica poner en valor el derecho a cuidar y a ser cuidado”.
Poder mirar la economía desde el feminismo y que el Estado incorpore esta perspectiva es un logro político colectivo. Fue desde los feminismos que surgió el primer paro al modelo económico regresivo que se implementó a partir de 2015. Tiene sentido si observamos que los mayores impactos negativos recayeron en cuerpos feminizados con más pobreza, menos empleo, menos ingresos y más exclusión.
Verónica Gago dice en su libro La potencia feminista que “la economía feminista no centra su análisis en cómo se organiza la acumulación del capital, sino en cómo se organiza y garantiza la reproducción de la vida colectiva como un a priori”. Queda claro entonces por qué es necesario no sólo una perspectiva de género, sino un programa político completo en el que la clave sea garantizar vidas que merezcan la pena ser vividas.

1. Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

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Desde hace más de veinte años, en el debate público francés se ha impuesto la idea de que la seguridad –entendida, de modo muy restrictivo, como la prevención de los ataques a la integridad física de las personas– estaría garantizada por un dominio cada vez mayor del poder represivo sobre nuestras existencias. Dicho de otro modo, la lucha contra la criminalidad implicaría reducir cada vez más el marco jurídico y el control jurisdiccional de las autoridades penales, en particular, de la policía. En esta época, en la que el terrorismo se ha vuelto un tema omnipresente e impide dialogar con serenidad, resulta difícil discutir lo que se presenta con las características de un sentido común incuestionable.
Sin embargo, la realidad que se esboza es completamente distinta. Por un lado, la seguridad que prometen los artífices de esta obstinación represiva no deja de ser ilusoria; alcanza con recordar la espeluznante masacre de Niza, perpetrada el 14 de julio de 2016, a pesar de que, ocho meses antes, se había declarado en el país galo el estado de emergencia, la forma más acabada de estos plenos poderes policiales que suponen la protección de los ciudadanos. Por otro lado, el securitarismo produce efectos muy reales en la población que queda expuesta de modo más directo: las clases populares. Incluso cuando estas personas son víctimas de actos de delincuencia en mayor medida –por ejemplo, están dos veces más expuestas al robo de su vehículo y tres veces más a las violencias sexuales, que las clases acomodadas (1)–, padecen una inseguridad creciente frente a la policía y las autoridades judiciales. En particular, sufren más controles policiales abusivos y discriminatorios: los jóvenes con un aspecto que se considera típico de los barrios populares corren un riesgo hasta dieciséis veces mayor de que los sometan a un control de identidad que los jóvenes que se visten de un modo socialmente no discriminado (2).
Las clases populares también son las más penalizadas: están sobrerrepresentadas entre la población carcelaria. El 48,5% de las personas detenidas no tiene ningún título y el 50% no ejercía ninguna actividad profesional cuando entró a la cárcel (3). Al mismo tiempo, más allá de algunos casos muy mediatizados, las autoridades represivas se desvinculan de la lucha contra la gran criminalidad económica y financiera; su prioridad sigue siendo el tratamiento rápido de la delincuencia más visible, la de la vía pública. En Francia, el número total de detectives especializados en materia económica y financiera en la policía, ya de por sí muy bajo, pasó de 529, a fines de 2013, a 514, cuatro años más tarde (4).

¿La misma ley para todos?

Según el modelo de los economistas neoliberales, se puede afirmar que, si el “sentido común” securitario ha fracasado tan estrepitosamente en alcanzar los objetivos que se fijó es porque todavía no se avanzó lo suficiente en la represión. Sin embargo, también se puede suponer que esto es así porque entendieron el problema completamente al revés. Tener seguridad no consiste en entregarse a la arbitrariedad del poder a cambio de una garantía quimérica contra cualquier riesgo de agresión, sino en gozar de la protección de la ley contra cualquier abuso de poder, ya sea que éste emane de personas privadas o de poderes públicos. La exigencia de seguridad, piedra angular del orden jurídico implementado con la Revolución Francesa, supone la estricta igualdad jurídica de los individuos, sea cual fuere su lugar en la sociedad. Lejos de justificar la omnipotencia de las autoridades, implica su subordinación al derecho y, en consecuencia, la protección jurídica efectiva de las personas más vulnerables. La ley “debe ser la misma para todos, sea que proteja o que castigue”, precisa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
La ejemplaridad se vuelve una exigencia, sobre todo para los representantes de los poderes públicos. El Código Penal de 1791 rompe con el derecho del Antiguo Régimen e instituye numerosos crímenes y delitos que buscan reprimir los delitos propios de los agentes públicos (tales como la malversación de fondos o el tráfico de influencias). Así, traduce la idea de los constituyentes de que el ataque a la libertad del otro es tanto más grave cuando es realizado por una persona encargada de representar el interés general. Aquí se expresan no sólo las aspiraciones democráticas radicales de los actores de la Primera República, sino también su profundo pragmatismo. En 1791, uno de los autores de la legislación penal revolucionaria, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, afirmaba: “Lo que necesita un pueblo libre no son suplicios, sino una buena policía con buenas costumbres. Se ha observado que los crímenes se multiplican aun más donde reina el despotismo; esto es así porque allí el hombre se ha degradado. Podría decirse que la libertad, al igual que una planta fuerte y vigorosa, limpia el suelo feliz en el que germinó de cualquier producto aciago” (5).
Esta afirmación sigue igual de vigente el día de hoy. En efecto, el mayor número de homicidios por habitante se registra en países que ponen en práctica una represión desproporcionada, implementada por una policía profundamente militarizada, como es el caso de Brasil, México o Colombia. No obstante, lejos de disminuir la violencia, esta política contribuye a exacerbarla mediante una escalada belicosa que lleva a que los actores de la delincuencia organizada también se militaricen (6). Por su parte, Estados Unidos tiene uno de los más implacables sistemas represivos –con casi un cuarto de la población carcelaria mundial (7)– y una tasa de homicidios que, aunque en baja, no tiene comparación con la de los países europeos: 5,35 por cada 100.000 habitantes en 2016, contra 1,35 en Francia y 1,18 en Alemania.

Indicadores de riesgo

La manera en la que se previenen, identifican y sancionan los abusos cometidos por la policía es decisiva para la salud de la democracia. Las fallas en la materia nos dejan expuestos no solo a la arbitrariedad de los poderes públicos, sino también a un aumento de la violencia.
En efecto, estas fallas abusivas generan la radicalización de los comportamientos delictivos que se pretendía combatir, y rompen el lazo de confianza entre las fuerzas del orden y la población. De este modo, las personas pueden mostrarse reticentes a señalar las infracciones sufridas o, peor aun, privilegiar el recurso a la violencia privada para la resolución de conflictos.
En el mismo orden de ideas, hay que insistir en la necesidad de sancionar las prácticas delictivas de los otros agentes de la clase dirigente, en particular de las élites económicas. Asimismo, la sanción debe ser consecuente con el daño que se ha hecho a la cohesión social. Por ejemplo, la incidencia de los actos de depredación económica es mayor cuando los cometen personas que ocupan posiciones de poder.
En primer lugar, por supuesto, por su amplitud potencial: en Francia, el fraude fiscal genera un lucro cesante en el presupuesto que asciende a miles de millones de euros (8); sin embargo, en 2016, solo se contaban 524 condenas por fraude fiscal; además, los servicios fiscales llevan ante la justicia menos de mil casos de los casi quince mil que constatan en promedio cada año (9). En un plano más general, las infracciones económicas y financieras representaron apenas el 3% de las acciones penales en 2016 y 2017 (10).
Además, es muy alto el riesgo de que las prácticas delictivas de las clases dirigentes adquieran una dimensión central en las relaciones económicas y sociales a costa del colapso generalizado de la protección jurídica de la que pueden gozar los ciudadanos. En efecto, estos pueden verse obligados a pagar un alto costo por el mero ejercicio de sus derechos económicos y sociales, mientras que la corrupción y la privatización del aparato represivo por parte de los más ricos los exponen a la violencia policial o la impunidad de la violencia privada, si tienen la desgracia de entrar en conflicto con ellos (11).
Además, los países con un alto índice de corrupción de las élites experimentan una laxitud general en el nivel de observancia de la ley por parte del conjunto de la población. En los lugares donde la prevaricación de los más grandes es generalizada, se banaliza el fraude e incluso se normaliza, en el vínculo con las instituciones estatales, sobre todo en materia fiscal. En Italia, por ejemplo, la penetración de la mafia hizo que la población se volviera más tolerante frente al fraude fiscal y, de modo más general, a la combinazione (los chanchullos y los arreglos con la ley) (12). En este caso también, la aplicación de las normas del derecho a las clases superiores condiciona de manera directa la seguridad de todas las personas.
Del mismo modo, siempre se podría estar más atento a las condiciones en que las personas más vulnerables pueden hacer valer sus derechos, en particular cuando son cuestionadas por el poder público o privado. Dicho de otro modo, el vigor democrático de un sistema jurídico también se mide por su capacidad para funcionar de manera desinteresada, es decir, para garantizar que la ley proteja a quienes no disponen –puntual o estructuralmente– de ningún otro recurso (económico, cultural, social, etc.) para defender sus intereses. En este sentido, la suerte reservada para las personas más vulnerables, como los niños, los detenidos, los inmigrantes y todos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social, constituye un indicador determinante.

Desafío democrático

En la actualidad, los niños gozan de una protección relativamente amplia contra la arbitrariedad de los adultos, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Sin embargo, no ocurre así con los presos. Las instancias francesas y europeas que velan por el respeto de las libertades fundamentales denuncian las deplorables condiciones de detención con regularidad, ya que vulneran su dignidad más elemental. Tampoco ocurre con los inmigrantes que no pertenecen a la Unión Europea, cuya suerte (incluso la de los menores) no ha dejado empeorar durante los últimos veinte años, tanto en lo referido a su derecho de residencia como a los procedimientos de expulsión. Finalmente, las personas en situación de precariedad suelen toparse con importantes dificultades para que se respeten sus derechos sociales. Así, poco tiempo atrás, se llevó adelante un litigio por las suspensiones abusivas realizadas por la agencia nacional para el empleo de Francia Pôle Emploi (13). Este puso el foco en la situación de “inseguridad” total en la que se encuentran algunos beneficiarios de subsidios, enfrentados a la interrupción intempestiva de sus derechos.
Así como sancionar las prácticas ilegales de las clases dirigentes afecta el nivel general de la aplicación de la ley en una sociedad, la protección jurídica de la que gozan las personas vulnerables puede reforzar o, por el contrario, fragilizar la seguridad de cada ciudadano. Cuanto más se incita a las autoridades a respetar los derechos de las personas desvalidas, más propensas estarán a respetar los de las personas lo bastante dotadas para reivindicarlos por sí mismas. Por el contrario, si las garantías que se reconocen para unos son frágiles, fácilmente podrían serlo para los demás. Esto quedó claro con las medidas de restricción de las libertades para las que el derecho de los extranjeros sirvió de laboratorio. El arresto domiciliario de las personas sometidas a la obligación de abandonar el territorio francés, emitido sin ningún control judicial, se extendió luego a los hinchas que se presumían violentos. Lo único que permitió que no se usara también en contra de los manifestantes fue la censura del Consejo Constitucional francés (14).
Imponer un mismo grado de aplicación de la ley para todas las clases de la sociedad constituye un desafío democrático de suma importancia. Cuando el Estado de Derecho se vuelva palpable para la mayoría de los ciudadanos, estos dejarán definitivamente de dar crédito a la retórica securitaria.

1. Véase el Informe de investigación “Cadre de vie et sécurité 2018”, Ministerio del Interior, París, diciembre de 2018.
2. René Lévy y Fabien Jobard, “Les contrôle d’identité à Paris”, Questions pénales, Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el Derecho y las Instituciones Penales, Guyancourt, enero de 2010.
3. “Qui sont les personnes incarcérées?”, Observatorio Internacional de Prisiones, ww.oip.org/en-bref
4. “Les moyens consacrés à la lutte contre la délinquance économique et financière”, Tribunal de Cuentas, París, 12-12-18.
5. Citado en Félix Lepeletier de Saint-Fargeau, Œuvres de Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, Lacrosse, Bruselas, 1826.
6. “How’s life?”, sección “Safety”, OCDE, París, www.oecdbetterlifeindex.org
7. Roy Walmsley, “World Prison Population List”, XI edición, Institute for Criminal Policy Research, Londres, 2016.
8. “Commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales”, Senado, París, 17-7-12.
9. “Rapport d’information sur les procédures de poursuite des infractions fiscales”, Asamblea Nacional, París, 23-5-18.
10. Infostat Justice, N° 169, Ministerio de Justicia, París, mayo de 2019.
11. Pierre Lascoumes, Une démocratie corruptible. Arrangements, favoritisme et conflits d’intérêts, Seuil, col. “La République des idées”, París, 2011.
12. Roberto Scarpinato y Saverio Lodato,
Le Retour du prince, La Contre-Allée, Lille, 2015.
13. N. de la T.: Se trataba mayormente de suspensiones por inasistencia a una cita convocada por el organismo y que podía implicar una interrupción del subsidio de desempleo de dos meses.
14. Véase Vincent Sizaire, “De los sans-culottes a los ‘chalecos amarillos’, la historia de una escalada represiva”, Le Monde diplomatique, edición española, abril de 2019.

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Albert Camarasa.— Juan Guaidó, el buque insignia de los EEUU para hacerse con el control de Venezuela, ha visitado recientemente España. Tras un año de diversas intentonas de golpe de estado, Guaidó es un político fracasado y desacreditado incluso por la propia oposición venezolana. Las movilizaciones que convoca en Venezuela tienen un seguimiento ridículo para alguien que se autodenomina “presidente encargado”. A pesar de eso, sigue llenando portadas de periódicos y minutos de televisión de los medios occidentales. ¿Por qué? Porque Juan Guaidó no es nadie, pero a la vez lo es todo.

Juan Guaidó representa el programa de máximos de la burguesía occidental. Representa sus intereses sin complejos ni cortapisas. Representa la ofensiva reaccionaria sin pudor ni vergüenza. Representa la consciencia de clase de los poderosos de una forma abierta. Representa a los reaccionarios que, cansados de justificarse bajo máscaras de “democracia”, van de cara y aceptan sin muchos problemas que los golpes de estado ultraderechistas están justificados para garantizar los intereses de los poderosos en su patio trasero. Guaidó es la extrema derecha internacional envalentonada que, debido a la debilidad de la clase obrera, se lanza violentamente a por todo el pastel sin preocuparse ni tan siquiera por cuidar ciertas formas que le garantizaban algunos consensos.

Pero pese a sus formas descarnadas, que recogen los aplausos y reconocimientos de toda la reacción, el fondo de lo que representa Guaidó no es nuevo, es la continuidad de una tradición política instaurada durante décadas con sangre y fuego en América Latina. Su tradición es la de los gorilazos reaccionarios o fascistas de la misma forma que la tradición de Abascal es el franquismo. Y si en pleno siglo XXI la extrema derecha latinoamericana mantiene sus impulsos golpistas, lo mismo hay que decir de sus amos europeos y yankees. Cuando los súbditos de los poderosos occidentales mandaban en Venezuela a las órdenes del FMI y el Banco Mundial, Felipe González no tenía reparos en apoyar a su presidente mientras éste asesinaba a centenares de manifestantes durante el Caracazo. Hoy, estos mismos apoyan el golpe de estado de Guaidó para restituir en el poder a los suyos. Pedro Sánchez y el “gobierno progresista”, siguen reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, siendo parte de la estrategia de toda la reacción occidental. Hoy corresponde que el pueblo trabajador de nuestro país exija al gobierno romper toda relación con los golpistas y la extrema derecha latinoamericana y reconocer al único gobierno real de Venezuela para tener unas relaciones de respeto a la soberanía de cada uno. Es una cuestión de principios con la que no cabe negociar o dejar pasar, puesto que lo que nos jugamos, en caso de que los golpistas triunfen, lo hemos visto demasiadas ocasiones en América Latina: masacres, torturas, persecuciones, empobrecimiento, etc. España está colaborando en poner una soga en el cuello a nuestros hermanos venezolanos. No lo deberíamos permitir.

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https://diario-octubre.com/2020/02/22/juan-guaido-no-es-nadie-juan-guaido-lo-es-todo/

20 de noviembre. Lo fácil, lo obvio, lo que he hecho otros años, lo que hice la semana pasada… era un especial antifascista, ¿no? Lo vamos a hacer, porque 100Fuegos es antifascista siempre. Pero de otro modo.

El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador, en la cama. Muerto el perro, no acabó la rabia. Se transformó. Fue la llamada “transición”. Esa en la que, según los mitos y leyendas en que todo grupo humano se basa para soportarse de algún modo, no hubo derramamiento de sangre, todos cedieron y perdonaron y se cerraron heridas.

Esa en la que que todo quedó atado y bien atado. El llamado “régimen del 78”. La inevitable operación cosmética: que todo pareciera distinto… para que realmente fuera lo mismo.

Más o menos como pasa con algo que nos gusta mucho en este programa, no? las versiones de canciones. Las que más nos gustan son las que son eso, versiones: en las que cambias todo pero mantienes el espíritu del original. Como la transición española.

Con esta disculpa nos metemos en muchos buenos charcos: la propia transición, el exilio, la movida madrileña, los sudistas en EEUU, la teología de la liberación y los jesuitas asesinados hace 40 años en El Salvador, el PNV...

Esto es lo que sonó:

• 1- Pájaro: a galopar (versión de Paco Ibañez / Rafael Alberti)
• 2- Porretas: la chica de ayer (versión de Nacha Pop)
• 3- Siniestro Total: miña terra galega (versión de Lynyrd Skynyrd)
• 4- 99 Posse: el pueblo unido jamás será vencido (versión de Quilapayún)
• 5- Betagarri: la chica del batzoki (versión de Doctor Deseo)
• 6- The Sparteens: jo ta ke (versión de Su Ta Gar)
• 7- Intolerance: antitodo (versión de Eskorbuto)
• 8- Katamalo: min hau (versión de Berri Txarrak)

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https://www.radioela.org/100Fuegos-x-67-20N-hacerlo.html

Turquía es el país de los golpes de Estado. El último fue hace sólo cuatro años. Es un Estado militarizado y los golpes de Estado los encabeza el ejército que, a su vez, dirige la política exterior. Por eso el informe de Rand Corporation no extraña a nadie cuando sugiere que el ministro de Defensa turco es un peón muy cercano al Pentágono (tampoco sorprende) y que se encamina a un nuevo golpe de Estado (1).

La decisión del gobierno turco de destituir a cientos de oficiales después del fallido intento de golpe de estado en 2016 ha causado un gran descontento dentro del ejército, asegura el informe.

Los oficiales de rango medio están muy frustrados con su papel y preocupados por ser despedidos durante las purgas en curso que han tenido lugar desde el golpe, añade. “Este descontento podría incluso llevar a otro intento de golpe de Estado en algún momento, y Erdogan se está tomando la amenaza en serio”.

La policía sigue haciendo redadas sistemáticas contra los sospechosos de golpismo. El martes los fiscales ordenaron la detención de casi 700 personas, incluyendo personal militar y del ministerio de Justicia.

Desde la publicación del informe, varios oficiales han discutido la posibilidad de tal golpe en reuniones a puerta cerrada, pero el sentimiento que prevalece en Ankara es que esto es sólo un rumor. Sin embargo, varios columnistas progubernamentales han tomado en serio las conclusiones del informe y han publicado artículos en los que afirman que se puede estar preparando otro golpe de Estado.

El lunes Hasan Basri Yalçın, un académico y columnista del periódico turco Sabah, escribió que todo el mundo debería tomarse en serio el informe porque el Rand trabajaba directamente para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. “Nadie debería considerar esto como una teoría de la conspiración”, escribe. “Si no ves que todo esto está cuidadosamente preparado y coordinado desde un solo centro, no tengo nada más que decir. No se sorprenda si se produce un intento de golpe de Estado” (2).

Yusuf Kaplan, un periodista reaccionario del periódico turco Yeni Safak, pronostica que el próximo golpe lo llevarán a cabo por kemalistas y grupos seculares dentro del ejército, en lugar de los seguidores del religioso Fethullah Gülen (3), actualmente refugiado en Estados Unidos.

Gülen está acusado de orquestar el golpe de Estado de 2016. Los kemalistas son partidarios de los valores de Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la república secular turca y su primer presidente.

Por su parte, Erdogan dice que la resistencia del pueblo turco al intento de golpe de estado de 2016 debería ser una lección para todos. “Nuestro pueblo ha adquirido una experiencia importante y seria”, les comentó a los periodistas que lo acompañaban en una visita a Pakistán. “La próxima vez, no harán preguntas antes de [resistir]. Todos se apresurarán a ocupar las calles” añadió.

Erdogan señala que su partido, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), con casi 10 millones de miembros, es el mayor partido de Turquía.

El informe de Rand pone al ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, en una posición delicada, al describirlo como la persona clave en las relaciones con Estados Unidos, dentro de un país en el que el 90 por ciento de la población tiene opiniones antiamericanas.

“En medio de toda esta agitación, Hulusi Akar sigue siendo el interlocutor clave para los ejércitos de Estados Unidos y extranjeros”, dice el informe. “El hecho de que haya conservado su cargo de Jefe de Estado Mayor de Turquía en 2017 y su posterior nombramiento como ministro de Defensa en julio de 2018, el primer decreto presidencial en el marco del nuevo sistema presidencial, sugieren que seguirá siendo la figura clave en los asuntos de defensa de Turquía durante algún tiempo”.

En una declaración emitida a principios de este mes, después de varias semanas de silencio, el Ministerio de Defensa turco consideró que el informe era demasiado ambiguo y que los comentarios sobre el ejército turco eran infundados. “Nos entristece observar que algunas expresiones mencionadas en el informe han sido distorsionadas y utilizadas consciente o inconscientemente en el país”, decía la declaración oficial.

En el informe también se afirma que Erdogan fundó la Universidad de Defensa Nacional como el máximo órgano educativo del ejército después del intento de golpe de Estado de 2016 con el fin de “romper la cultura insular del ejército turco de guardián del laicismo”.

En respuesta, el Ministerio de Defensa declaró que el ejército turco y sus unidades respetaban las leyes y reglamentos del país y su comandante en jefe, el Presidente de la República.

El mismo Akar planteó el tema la semana pasada, lo que fue visto como otro intento de frustrar las críticas. “Recibí el informe [de Rand] con tristeza, las declaraciones [en el informe] sobre mí, sobre el ejército turco y la Universidad de Defensa Nacional han sido distorsionadas para ser utilizadas por círculos que buscan abrir una brecha entre nosotros”, dijo a Hurriyet (4), un periódico turco de maxima difusión.

Algunos opinan que el debate es una cortina de humo, que Erdogan trata de controlar el discurso en los medios de comunicación turcos, ya que se enfrenta a problemas internos e internacionales, incluyendo la economía y la guerra en Siria. “Las nuevas acusaciones de golpe de estado son escenarios escritos por el gobierno para escapar de sus problemas”, escribe Alican Uludag, un reportero de asuntos legales del diario secular Cumhuriyet.

“Turquía no tiene más amigos que los turcos”, dice una frase que se oye recurrentemente. Al menos ahora resulta absolutamente cierta, pero sería mejor recitarla como “Erdogan ha vuelto a quedarse aislado” (dentro y fuera de Turquía).

(1) https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2589.html
(2) https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hasan-basri-yalcin/2020/02/17/darbecilere-karsi-uyanik-olmak
(3) https://www.internethaber.com/yeni-safak-yazari-yusuf-kaplan-darbeyi-laikci-ve-kemalistler-yapacak-2082762h.htm
(4) https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fatih-cekirge/idlibe-ikmal-engellenirse-geregini-yapariz-41443234

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https://diario-octubre.com/2020/02/22/estamos-en-visperas-de-un-golpe-de-estado-en-turquia/